NUEVA ENTREGA DE LA ARGENTINA DEFORESTADA: La Etapa Neoagroexportadora – El Síndrome Pamphúmedo

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Carlos Merenson

En “Cuidar la T(t)ierra” Jorge RIECHMANN sostiene que:

El actual sistema de agricultura industrial –que a escala mundial prevalece frente a la agricultura campesina, y se presenta a sí mismo como perfección de progreso— es un disparate en términos sociales, ecológicos, económicos y éticos…Mientras sigamos comiéndonos la Tierra en lugar de comer de la tierra, devorando petróleo en lugar de alimentarnos con la luz del sol, produciendo y extrayendo sin preocuparnos de cerrar los ciclos de materiales, el aceleradísimo declive de la biosfera que impulsamos en la actualidad se agravará sin freno.

A partir de principios de la década de 2000 la Argentina ingresó en un nuevo pulso de deforestación favorecido por la adopción de una estrategia agroindustrial que motivó uno de los más acelerados procesos de transformación de las masas forestales nativas en la historia del país.

El creciente aumento en los precios internacionales de los granos, impulsado como resultado de las tendencias no resueltas de limitación de la oferta[1] y crecimiento de la demanda[2] sirvieron de aliciente para el aumento en la producción agrícola. En el caso de Argentina, ese aumento se basó en la intensificación de un paquete tecnológico integrado por el empleo conjunto de variedades de alto rendimiento (fundamentalmente transgénicos), agroquímicos y mecanización, que forman la base de la moderna producción agroindustrial. Si bien ello redundó en el aumento de los rendimientos, facilitó también la expansión de la frontera agrícola hacia regiones marginales extra pampeanas en las que las condiciones naturales del ambiente restringen el uso agrícola.

El Potsdam Institute for Climate Impact Research desarrolló la metodología de los “Síndromes de Cambio Global y de Sostenibilidad” para el Consejo Consultivo Alemán sobre Cambio Global y se basó en considerar que las interacciones entre las sociedades humanas y el ambiente frecuentemente operan siguiendo patrones típicos, patrones funcionales (síndromes) de interacciones socio-ambientales que hasta cierto punto resultan repetibles. La tesis subyacente en esta particular visión es que los complejos problemas globales del ambiente y el desarrollo se pueden atribuir a un número discreto de patrones de degradación del ambiente. En “Caracterización de los síndromes de sostenibilidad del desarrollo: El caso de Argentina”, Rabinovich y Torres desarrollan cuatro síndromes específicos: “Patagonia”; “Carpincho”; “Trinquete” y “Agriculturización”.

Este último, el síndrome de “Agriculturización”, se hace presente en la etapa neoagroexportadora, en la cual también se hace presente otro síndrome al que designaremos como “Pamphúmedo”.

El  Síndrome de Agriculturización, se centra en la Pampa Húmeda y está enfocado esencialmente en los cambios de uso del suelo que operan en esa región destinados a aumentar la producción de cultivos para la exportación a expensas de los usos ganaderos, lo cual se manifiesta en el cambio de la proporción del uso agrícola y ganadero de sus tierras. Tales cultivos se encuentran asociados a tecnologías de insumos y a la concentración de los recursos productivos, que llevan a una mayor degradación y contaminación del ambiente, y a la exclusión social de productores con menores recursos.

De acuerdo a lo anterior, el síndrome “Pamphúmedo” se asemeja al de “agriculturización” solo que su efecto es interregional y sus consecuencias son más graves en términos sociales, ambientales y económicos.

En el síndrome “Pamphúmedo”, al igual que en el de agriculturización, operan causas esenciales que Rabinovich y Torres identifican como: las tecnologías (de insumos y de procesos), la concentración productiva y los cambios en el uso de la tierra. Pero en el Pamphúmedo, el cambio de usos del suelo no solo se manifiesta por cambios en la proporción de agricultura y ganadería, sino que además, se verifica un masivo proceso de conversión de usos del suelo, principalmente en la forma de deforestación. A ello se debe agregar la vulnerabilidad socioeconómica que caracteriza a las regiones donde se registra el avance de la frontera agrícola que queda reflejada por los indicadores sociales más desfavorables del país.

La propagación del síndrome “Pamphúmedo” se encuentra unida al éxito económico y comercial, que a su vez depende de la combinación adecuada de capital, conocimientos técnicos y apoyo político. Este último factor no resulta menor y ha encontrado un importante aliado en las estrategias extractivistas o mejor, “neo-extractivistas”, según la visión de Gudynas, que en “Diez Tesis Urgentes sobre el Nuevo Extractivismo”, destaca que: Un hecho notable es que a pesar… de la creciente evidencia de su limitada contribución a un genuino desarrollo nacional, el extractivismo goza de buena salud. Las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Es todavía más llamativo que eso se repite en los gobiernos progresistas y de izquierda. En efecto, varios de ellos son activos promotores del extractivismo, y lo hacen de las más diversas maneras, desde reformas normativas a subsidios financieros. No sólo esto, sino que han generado una versión de agricultura basada en monocultivos y orientada a la exportación, que termina resultando ser una nueva [versión] de extractivismo.

Entre 1990 y 1996, con unas 20 millones de hectáreas, el área cultivada con cereales y oleaginosas de nuestro país se mantuvo estable, no llegando a superar el área cultivada de 1914. Fue recién a finales de la década de 1990 cuando se registró un salto significativo en la actividad agrícola, alcanzando las 26 millones de hectáreas. Este proceso se afianzó a partir de 2002, como fruto de la salida de la convertibilidad que potenció nuestra competitividad internacional y una insipiente tendencia de aumento en los precios de las commodities, que alcanzó un pico en 2007, particularmente en el caso de la soja.

Fueron entonces los adelantos tecnológicos, al igual que en su antecesora etapa agro-exportadora de mediados del siglo XIX, los que jugaron un rol fundamental en el avance de la frontera agropecuaria. Biotecnología mediante, se expandieron las fronteras de muchos cultivos, tornándose “aptas”, áreas hasta entonces marginales, aptitud que quedó definida, sin considerar los múltiples impactos socio-ambientales originados por dichos cultivos. De la mano de la monocultura sojera, la frontera agropecuaria avanzó fundamentalmente en dos regiones: en el NEA, donde el área sembrada aumentó, entre las campañas 1997/98 y 2004/05, en un 417%, y el NOA donde para similar periodo, el aumento fue de un 220%.

Dos regiones que albergan al Parque Chaqueño y las Yungas, que según datos del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, basado en imágenes Landsat 5 TM (años 1998/1999) y Spot (año 1995) contenían unas 25 millones de hectáreas de tierras forestales, el 80% de los bosques nativos remanentes de nuestro país. Obviamente, esas tierras fueron sometidas a intensos procesos de deforestación durante la década del año 2000, tal como surge del trabajo realizado por la Dirección de Bosques de la SAyDS: “Pérdida de Bosque Nativo en el Norte de Argentina”. El área de estudio abarcó aquellas zonas que habían sido afectadas fuertemente por el proceso de deforestación localizadas en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Salta y una pequeña porción de Jujuy, la evaluación definió que el área deforestada entre 1998 y 2008 alcanzó 1.700.000 ha.

Los datos disponibles para la provincia de Santiago del Estero resultan ilustrativos del grave proceso de deforestación que se registró en el Parque Chaqueño. A principios del siglo XX, según su entonces Dirección de Geodesia y Tierras, existían 10.792.000 hectáreas de Quebrachales en el territorio provincial, mientras que el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos indicó que en 1998, de aquel patrimonio solo quedaban 5.466.291 hectáreas (2.462.475 de hectáreas de Quebrachal típico y 3.003.816 de hectáreas de Quebrachal degradado). Este proceso de degradación y pérdida siguió avanzando de 1998 a nuestros días. Los datos presentados por la Dirección de Bosques de la SAyDS (monitoreo de Bosque Nativo, Período 1998 – 2002 – 2002 – 2006) indicaron que en Santiago del Estero, entre 1998 y 2006 se habían perdido 821.283 hectáreas y que el proceso de deforestación, lejos de detenerse se iba incrementando dramáticamente. Entre 1998 y 2002 la deforestación en Santiago del Estero avanzó a una tasa promedio anual del 1,18%, mientras que entre 2002 y 2006 lo hizo a una tasa del 2,17%. Si se analizan los datos disponibles para Salta, Chaco, Córdoba o Formosa, nos encontraremos con similares escenarios de deforestación e idénticos modelos causales.

En tanto la tasa promedio mundial de deforestación para el período 2002/2006 alcanzó un valor de -0,18%, en Formosa fue de: -0,25%; en Santa Fe: -0,54; en Chaco: -0,65%; en Salta: -1,54%; en Santiago del Estero: -2,17% y en Córdoba: -2,52%. Superando entre 1,4 y 14 veces la tasa mundial.

La explosiva expansión del cultivo de soja en el NOA y NEA, reconoce como causa, además de los aportes de la biotecnología, al marcado diferencial existente en cuanto al valor de la tierra respecto de la región pampeana. Mientras que en la zona núcleo (Sur de Córdoba y Santa Fe y Norte de Buenos Aires) los campos cotizaban entre los 6000 U$S/ha y 18.000 U$S/ha, en Salta, Chaco o Santiago del Estero, su precio variaba entre 200 U$S/ha y 1500U$S/ha. No es casual entonces, que el área sembrada en la Pampa Húmeda haya aumentado un 85% entre las campañas 1997/98 y 2004/05, mientras que en el NOA el aumento fue de 220%, en el NEA 417% y en otras regiones marginales, hasta un 522%.

El modelo agroindustrial llevó a la degradación e incluso destrucción de los ecosistemas naturales en las áreas de expansión de la frontera agrícola donde se extendieron los procesos de deforestación, degradación de suelos, avance de la desertificación y pérdida de la diversidad biológica en todos sus niveles.

En “Primera Estimación del Pasivo Socio-ambiental de la Expansión del Monocultivo de Soja en Argentina” se analiza el impacto económico del extractivismo agrícola que se manifiesta con un particular tipo de pasivo que raras veces es contabilizado y que equivale a la suma de todos los daños no compensados producidos en forma directa e indirecta por las actividades productivas a las comunidades locales o a la sociedad en general y al ambiente; como así también, el valor de los servicios recibidos del ambiente, que hacen posible las actividades productivas y que no son compensados o contabilizados como costos de producción. El pasivo ambiental es en realidad una deuda hacia los titulares del ambiente, hacia la comunidad o país donde opera la empresa.

En el trabajo arriba mencionado, se ha determinado que computando deforestación, pérdida del servicio ambiental de secuestro y almacenamiento de carbono, erosión de suelos y exportación de nutrientes, surge que el Pasivo Ambiental del monocultivo de soja en Argentina para la Campaña 2007/2008 totalizó aproximadamente cuatro mil quinientos millones de dólares.

Mediante la importación de un modelo basado en el despliegue intensivo de energía, capital y tecnologías agrícolas, no solo se impactó sobre la base natural de la producción, sino también en la estructura social, en tanto se importaron métodos de producción ajenos a la región que profundizaron la situación de marginación al enfrentar a las comunidades locales y aborígenes a una degradación cada vez mayor de su ambiente natural. Ello redundó en el aumento de la pobreza, el éxodo rural, una mayor vulnerabilidad a las crisis alimentarias, así como el aumento de la frecuencia de los conflictos políticos y sociales por los recursos escasos.

En la extensa región del Parque Chaqueño y su área de influencia, habitan más de 140.000 pobladores indígenas (Mocoví  (16.000 personas), Pilagá (5000 personas), Toba (70.000 personas), Wichi (40.000 personas), Diaguita-Calchaquí (6000 personas), Tonocoté (5000 personas), Quom y Vilela). El explosivo avance del monocultivo sojero a expensas de las masas forestales nativas en la región, coaccionó a los pueblos originarios y a muchas comunidades tradicionales que dependen de ellos, en tanto los bosques proporcionan todo lo que necesitan, desde alimento y cobijo, hasta herramientas y medicinas, jugando también un papel crucial en su cosmovisión.

large_2007-01-14_152623_maiz-sojaSi bien antes de la irrupción de la soja ya se experimentaba en la región una elevada tasa de deforestación, la aceleración experimentada por el avance de esta frontera agropecuaria no reconoce precedentes, definiendo una preocupante pérdida de diversidad biológica y en muchos casos, la contaminación del ambiente en el que habitan los pueblos originarios y las comunidades campesinas, con graves secuelas de pobreza, desnutrición y migraciones forzadas. Así, las explotaciones mixtas e intensivas, que son las que arraigan a los productores y sus familias a la tierra, fueron sucumbiendo frente a la descontrolada agriculturización que desplazó a los productores e hizo que abandonen sus chacras, tambos y pequeñas producciones regionales.

Se ha mencionado que esta etapa “neoagroexportadora” se inició a fines de la década de 1990, pero fue a principios de la misma que se registraron algunos hechos llamados a facilitar los masivos procesos de deforestación arriba identificados. Entre ellos resulta destacable el desmantelamiento institucional de la etapa iniciada en 1948, con la promulgación de la Ley 13.273, etapa que con el correr de los años y los avatares políticos, si bien fue perdiendo su espíritu e ímpetu inicial, podría haber dado una respuesta adecuada a los desafíos por venir.

El mencionado proceso de desmantelamiento institucional comenzó en el marco del proceso de reforma del Estado Nacional, con la aprobación del Decreto 742/91 que definió la estructura de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y creó la Dirección Nacional de Recursos Naturales, de la cual dependía la Dirección General de Recursos Forestales. Este decreto estableció que se tendería a la centralización de las funciones de la autoridad de aplicación de la ley 13.273: el Instituto Forestal Nacional (IFONA). Durante esta etapa convivieron la Dirección de Recursos Forestales y el IFONA, asignándole a la primera funciones de política y planificación y, al IFONA, funciones ejecutivas. Finalmente y mediante el Decreto 2284/91 de desregulación económica, se disolvió el IFONA. Con ello la Dirección de Recursos Forestales quedó como única autoridad forestal nacional.

Casi simultáneamente y mediante el Decreto 2419/91 se creó la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano (SRNyAH) en el ámbito de la Presidencia de la Nación a la que se transfirieron desde la SAGyP: la Dirección Nacional de Recursos Naturales y sus Direcciones dependientes, entre ellas, la Dirección de Recursos Forestales. Inicialmente, en virtud del Decreto 177/92, se tomó la decisión de otorgar a la SRNyAH la competencia integral en materia forestal, al considerarla organismo de aplicación de toda Ley Nacional y de toda otra norma relacionada con la protección, mejoramiento y defensa de los recursos forestales, su fomento y promoción en el ámbito nacional, todo ello de acuerdo al considerando que expresaba que: “debe existir una única autoridad de aplicación con competencia en todo lo relacionado con los recursos naturales y el medio ambiente.

Prontamente y mediante el Decreto 534/92, que aprobó la estructura orgánica de la SRNyAH, se inició un proceso de atomización de la administración forestal nacional. Dicho decreto derogó los objetivos aprobados en el Decreto 177/92, restringiendo sus incumbencias solo al ámbito de las masas forestales nativas, creando en el ámbito de la Subsecretaria de Recursos Naturales, la Dirección de Recursos Forestales Nativos para actuar como autoridad de aplicación en todas las normas y la legislación de los temas correspondientes a la conservación, restauración y ordenación de las masas forestales nativas. Como consecuencia, los agentes, bienes y propiedades del IFONA fueron divididos y distribuidos entre algunas administraciones provinciales, la SRNyAH y entre distintas dependencias de la SAGyP, que tomó competencia en materia de forestaciones industriales.

Completando el cuadro de desmantelamiento de la ley 13.273, mediante el Decreto Nº 710/95, se procedió al ordenamiento del texto de la misma y excediendo las facultades constitucionales para dicho procedimiento, se avanzó sobre muchas cuestiones de fondo. Si bien debe destacarse la jerarquización lograda en materia de tratamiento de la problemática vinculada a las masas forestales nativas, ello no alcanzó para disimular las consecuencias negativas del esquema institucional nacional adoptado en materia forestal. Se vio seriamente dificultada la relación entre los distintos organismos nacionales y entre éstos y las administraciones provinciales. El país dejó de tener un interlocutor válido para tratar la problemática forestal en forma conjunta, particularmente ante los organismos internacionales de asistencia técnica y financiera. La división afectó seriamente la necesaria coordinación entre las políticas para el bosque nativo y las forestaciones industriales. Todo lo mencionado, redundó en una situación que, en contradicción con los objetivos básicos de la Administración Pública (optimización de la relación estado–usuarios, eficiencia, organización funcional y concentración de competencias en unidades únicas) contribuyó a una sustancial reducción de la capacidad operativa y de control por parte del gobierno Nacional.

[1] Las tres principales tendencias que impulsan el consumo de alimentos han sido y son: el creciente consumo de proteína animal a base de cereales, el crecimiento de la población y el creciente empleo de granos para la producción de biocombustibles.

[2] Entre las tendencias que limitan la oferta de alimentos se encuentran la erosión de los suelos y la expansión de los desiertos; la sobreexplotados de acuíferos; las caídas de las cosechas por el aumento de olas de calor; el derretimiento de glaciares de montaña que alimentan los principales ríos y sistemas de riego; la pérdida de tierras de cultivo por usos no agrícolas; la reducción y encarecimiento de los suministros derivados del petróleo.

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