EDITORIAL
La ocurrencia de incendios de alta intensidad (IAI) – caracterizados por un poder destructivo extremo – se ve favorecida por algunos de los efectos asociados al cambio climático global. Estos incendios ocasionan graves daños ambientales, económicos y sociales, e involucran muy elevados costos en las operaciones de supresión. Nuestro país – obviamente – no constituye una excepción a las amenazas del cambio climático cuyos efectos, además de crear condiciones propicias para IAI, pueden alterar o romper el patrón estacional, aspecto básico de la organización del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
En nuestro país, la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales para afrontar los efectos adversos del cambio climático se ve incrementada por una serie de factores socio-económicos como el creciente aumento de la presión sobre los ecosistemas naturales consecuencia del avance de la frontera agrícola y de la urbanización descontrolada; las difundidas prácticas de conversión de áreas forestales mediante el empleo del fuego o de quemas de rastrojos, pastos o pajonales; el incremento de conflictos vinculados al uso del suelo y el aumento de las áreas de cultivos y forestaciones con especies exóticas, próximas e incluso dentro de las masas forestales nativas, aportando grandes cargas de combustible.
Para enfrentar estas graves amenazas cobran relevancia las estrategias centradas en la mitigación de la probabilidad de ocurrencia de los incendios de gran escala, alta intensidad y gravedad, basadas en una gestión global del combustible, que considere su densidad y continuidad en las masas forestales. En este contexto el riesgo de incendio no debe ser una cuestión exclusiva de la política forestal, debiendo instalar el tema en el sector agro-ganadero y de planificación urbana.
Dar prioridad a los trabajos de investigación sobre los modelos causales de incendios forestales para trabajar en la planificación de la prevención; aumentar las capacidades operativas y de organización de las distintas jurisdicciones, particularmente en el primer nivel de intervención (prevención, detección y primer ataque); facilitar el acceso a las nuevas tecnologías para la prevención y el combate de incendios forestales y rurales; intensificar la formación de personal capacitado profesionalmente, con aptitud para cubrir los distintos niveles de responsabilidad que requiere el desarrollo apropiado del sistema, apoyar con personal y recursos suficientes al Servicio Nacional de Manejo del Fuego; y planificar e institucionalizar la participación de las fuerzas armadas en el sistema federal, resultan aspectos fundamentales para afrontar el nuevo y complejo escenario que plantea la estrecha y creciente relación entre el cambio climático y los incendios forestales.
LA (RE) VERDE 