Siempre recuerdo pasajes de las recomendaciones de mi maestro el Arq. Juan Duprat, uno de ellos era la sentencia, desde entonces siempre presente, que “el mapa no es el territorio” enunciada por el lingüista Alfred Korzybski. La expresión surgía de considerar que una palabra no es el objeto que representa, por extensión, es una crítica al criterio simplista de tomar decisiones sin considerar las condiciones ambientales, ni la existencia de las otras dimensiones: la altura, el tiempo los actores sociales. Así, a nivel académico y profesional, es que se ha extendido, en la planificación de la ciudad, cierta dificultad en establecer propuestas de cambio ciertas. Trabajar con metodologías analíticas deriva en considerar solo algunas variables, que en el transcurso del devenir pueden no ser significativas y, que en muchos casos, son degradantes.
Desde el escritorio o elucubrando formulas que se confunden como si se tratara de la aplicación del “método científico”, implica una actitud que puede transformarse más en una provocación al conocimiento local de los vecinos para limitar los alcances de la participación y para abrevar en las fauces de los intereses más especulativos.
La primer salvedad, del cual tarde o temprano todos seremos conscientes, es que no se adoptan medidas preventivas que eviten que las modificaciones en trámite –acordadas en mesas selectas dominadas unidimensionalmente- se tomen como información privilegiada para los operadores, gestores y desarrolladores. Esta actitud –no adoptar medidas preventivas anti-privilegios – es parte de lo que en el manejo de una devaluación, o de la variación especulativa en las acciones de la Bolsa son pasibles de demanda y cárcel.
La visión unidimensional, el uso de criterios analíticos y el tráfico de influencias son un combo de rentas a corto plazo y desastres urbanoambientales en el largo plazo.
Asimismo, el esquematismo y la falta de criterios multidisciplinarios terminan, a la larga, recayendo en costos irreparables –incremento de accidentes y contaminación atmosférica en las vías principales; condiciones subestándar de habitabilidad en viviendas presuntamente estándar o superiores; etc.-, profundización de las desigualdades y homogeneización social, de segmentación en el uso del espacio público y en la localización preferencial de los desarrollos privados con alto capital, etc.
Por otra parte, la visión unidimensional recala en tomar como naturales las estrategias de crecimiento urbano propias de los capitales globalizados y de la imposición transnacional de tecnologías de centralización, desconociendo y desentendiéndose por el desarrollo con tecnologías locales/ nacionales y con capitales y formulas de financiamiento propios para pequeñas y medianas empresas, organizaciones cooperativas, que coadyuven a capacitar progresivamente y consolidar una mano de obra más calificada a nivel local.
La renta urbana, acentuada desde la década del `90 mediante la venta de la tierra pública, es utilizada como un factor multiplicador económico que favorece a desarrolladores, jugadores inmobiliarios y empresas constructoras con la excusa de “madre de todas las industrias”, que multiplica por 5 a la mano de obra empleada directamente, etc. con el artilugio propagandístico de “salvación ante la crisis”, acentuando la rapidez pero escondiendo la poca durabilidad de dichos empleos y los efectos socioambientales de las obras a encarar. O por vía normativa al aumentar la capacidad constructiva de un predio sin restituir parta de la renta extraordinaria a la sociedad, o facilitando instalaciones precarias sin contraprestación por la espera de mejoras inmobiliarias –tal los terrenos en expectativa (IRSA en el terreno ex Boca Juniors, en Caballito ex Ferrocarril Oeste, en Dársena Norte ex Ministerio de Defensa; pero también todas las playas de estacionamiento privadas, la mayor parte de los supermercados, estaciones de servicio, etc.-, o no siguiendo el debido proceso, en este caso el tratamiento público y legislativo del Modelo Territorial, el cual se pretende imponer a título de inventario, como legado tecnocrático. Nada de lo descripto es casual, ni se trata de olvidos o incapacidad política.
La Ciudad no es una Maqueta (II, dilemas)
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se esta haciendo un nuevo código para regular los usos del suelo como instrumento de la Ley 2930 sobre el Plan Urbano Ambiental (2008) y el artículo 28 de la Constitución de CABA (1996). El mismo presenta una serie de dilemas:
- la credibilidad y los aportes institucionales en cuanto a la disposición de información, metodologías apropiadas y transparencia en el proceso de construcción del instrumento,
- la libertad de expresión de los actores sociales, económicos y ambientales, su mutuo conocimiento y la capacidad por alcanzar acuerdos, es decir, algo más que una simple participación de escucha y aceptación a libro cerrado,
- los derechos humanos como base discursiva, de comprensión y de prioridad a la hora de establecer las acciones de interés colectivo.
La Ciudad no es una Maqueta (III, metodologías informativas)
La planificación urbano ambiental, prevista en la constitución de la ciudad, no es una mera herramienta técnica o propia del academicismo otrora venerado como de saberes “superiores”; la planificación del territorio, del espacio público y privado, del ambiente y sus interrelaciones son propias de un instrumento participado de gestión político que procura contribuir con la regulación de las nuevas materializaciones –públicas y privadas- con el fin que las mismas alcancen mejoras ciertas para toda la comunidad.
La constitución plantea una serie de novedades, en cuanto a la normativa preexistente, contar con una participación permanente –aún no concretada-, una clara dependencia y consideración del planeamiento urbano tradicional frente al ambiente –así se llama el capítulo constitucional “Ambiental”-, un proceso amplio interinstitucional y temporal, tal como su tratamiento en el Poder Ejecutivo y Legislativo con protagonismo de sus actores, en cada instancia, procurando una ampliación de la convivencia y la corresponsabilidad democrática –no para aprobaciones a velocidades intergalácticas-.
Los actores ya no son solo la academia, los profesionales y los consejos y cámaras de la construcción e inmobiliaria. Se incluye a todo tipo de organización, en particular sin fines de lucro, que se interesan por los aspectos urbano ambientales –patrimonialistas, meteorólogos, ecólogos, comunidades socio culturales, productores, niños, discapacitados y agregados sociales de baja representación- cuyos saberes y aspiraciones son indispensables en una sociedad urbana diversa que convive de modo tolerante con múltiples intereses y diferentes valores. La metodología más conocida y probada –con ajustes locales- es el Programa o Agenda XXI (UN, 1992), con la cual han trabajado cientos de ciudades de diversos continentes –por caso en las ciudades de Barcelona y Rosario-, que no solo parece haberse obviado sino evitado.
La Ciudad no es una Maqueta (IV, crecimiento para empeorar)
Han tomado estado público una serie de rasgos acerca de un Código Urbanístico que tendría como fin regir “todos aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente con el uso del suelo y el subsuelo; las cesiones de espacio público, el parcelamiento y la apertura de vías públicas; el sistema vial; el tejido urbano y la edificabilidad; las garantías del hábitat; la protección patrimonial; los instrumentos de desarrollo territorial y los programas de actuación urbanística; y con todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de la Ciudad”. El Código de Planeamiento Urbano vigente (1977-2000 y sus agregados y modificaciones parciales) se orienta a promover el crecimiento de las actividades privadas y la protección parcial o total de algunas actividades existentes. Una de las críticas permanentes, de modo explícito o tácito, es la falta de corresponsabilidad del gobierno al facilitar habilitaciones privadas e imponer, fuera del código, de modo circunstancial al accionar público. El Plan Urbano Ambiental (Ley 2930, 2008), en parte, tenía como función integrar ambas actuaciones y explicitar el funcionamiento gubernamental para servir de orientación al desarrollo futuro de la ciudad y las inversiones privadas. Así, el Plan Director de 1968 –equivalente al ausente Modelo territorial- evidenciaba las principales intervenciones gubernamentales –Lugano, Terminal de Ómnibus, Catalinas Norte, etc.-. Por consiguiente es este Código Urbanístico el que debería “garantizar” la capacidad soporte para el desarrollo y el crecimiento urbano que induce el propio Código Urbanístico, evitando las incalculable pérdidas, costos emergentes y falta de condiciones de vida equitativos imprevistos en el código vigente. Por ejemplo: no se correlaciona locacionalmente la densificación con los equipamientos y las infraestructuras públicas necesarias.
Cuando pensamos en término de desarrollo urbano se plantea la necesidad de mejorar, optimizar, poner en valor lo existente con vista al funcionamiento de nuevas actividades –propio de la dinámica urbana-; es claramente, en términos estratégicos un proceso de consolidación. Cuando se plantean criterios de crecimiento, es decir, de aumento de la capacidad constructiva donde ya existen construcciones, la inducción, casi con seguridad, deparará un medio urbano más insostenible; al alentarse la demolición de los bienes inmuebles existentes, concurrentemente la desconfiguración de las identidades barriales, el aliento a la construcción en propiedad horizontal por medio de empresas con grandes capitales, la presunta expulsión de quienes no pueden adecuarse al aumento del precio de la tierra, el aumento de los vehículos motorizados con el aumento de la inseguridad vial, contaminación atmosférica y ocupación mecánica desmedida del espacio público, entre otros rasgos inmediatamente asimilables, e incomprensivos para una ciudad consolidada. La estrategia de ampliar el Área Central no solo es más de lo mismo, sino un empeoramiento de las condiciones urbano ambientales.
Además, hay una serie de confusiones que se utilizan para dar prioridad a aquello que se quiere mantener y que es “invisible a nuestros ojos”. Se dice que la población de la Ciudad es de aproximadamente 3.000.000 de habitantes, cuando pendularmente ingresan/ egresan diariamente más de 3.000.000 de personas del Gran Buenos Aires para utilizar la capacidad soporte y edilicia existente; es decir, la ciudad tiene 3.000.000 de habitantes nocturnos y más de 6.000.000 de habitantes diurnos. Cuando se pretende duplicar la capacidad construible se piensa en una población nocturna de 6.000.000 de habitantes ¿y la diurna? Será más de 12.000.000 de habitantes ¿?. Esa no es la apetencia por una comunidad con mejores condiciones de vida sino de maximización del precio de la tierra en función de la densificación y el aporte de toda la sociedad para hacerse cargo de los costos de funcionamiento, mantenimiento y adecuación emergentes.
¿Dónde se encuentra la base del hechizo, por el cual muchos creen que lo que se hace parece lo correcto? En principio, por medio de inversiones que se considera aumentará el empleo, a localizarse preferentemente en el Área Central y las avenidas principales. Aspecto que contradice al Plan Urbano Ambiental que alienta la consolidación del Área Central –no el crecimiento-. Pero el accionar gubernamental solo se rige por el crecimiento del Área Central, el aumento generalizado del precio de la tierra y de la homogenización –de ingresos, de consumo y de desplazamientos progresivos- contrariando, además, a la equiparación entre el Sur y el Norte previsto en la Constitución, así como dejar al “mercado” la sustitución de equipamientos y servicios de infraestructura sociales públicos por privados.
Asociado al incumplimiento de aspectos centrales del Plan Urbano Ambiental y de la Constitución debe contemplarse que en el discurso oficial se busca tergiversar los términos aduciendo a que el origen de sus propuestas está previsto en dichas normativas superiores ([1]).
La profundización del modelo de periferias pobres y Área Central rica, que se extiende al ritmo de autopistas exclusivas, transportes públicos congestionados y la profusión de loteos y facilitación de ocupaciones precarias, retroalimenta una concepción que fragmenta y condena a no conformar una sociedad de mejoras coparticipadas. Es una concepción que finalmente amplifica la concentración en detrimento de la diversidad y el accionar democrático. No es una exageración o expresiones descontextualizadas, muy por el contrario, es el escenario cierto de un Modelo Territorial no debatido ni concertado sino impuesto en base al endeudamiento y la venta de la tierra pública sin contrapartidas ni con vocación societaria.
La Ciudad no es una Maqueta (V, falta de propuestas multidisciplinarias)
Hay otros desenfrenos en las previsiones del Código Urbanístico no menos característicos que los antes aludidos. Se insiste en todos los medios de comunicación –hasta el momento- en la “adopción de criterios de fácil comprensión vecinal” –argumento providencial tradicionalmente no aplicado-. Dicho criterio, simple pero carente de consistencia como universal, es el morfológico. Expresión que lleva a recordar al antiguo principio de la modernidad que “la forma sigue a la función” pero que el proceso de homogeneización productivo lleva a la flexibilización como el principio de una nueva máxima urbana “la forma puede servir para cualquier función”. La morfología es la disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma, y que se aplica en casi todas las ramas del diseño, así como la teoría y técnica para el análisis y tratamiento de las estructuras geométricas y en planeamiento urbano como la forma externa de una ciudad; generalizando, es la disciplina que estudia y describe las formas externas de un objeto.
Para el caso que nos ocupa, la morfología, es adoptada como un indicador formalista de igualación de alturas por manzana, que se conforma por: la altura -según la manzana en cuestión-, la obligación de construir entre medianeras, sobre Línea Oficial, sin retiro de frente ni planta libre, respetando la dimensión del pulmón de manzana y los retiros de fondo. La falta de proposiciones multidisciplinarias para mejorar el hábitat y las condiciones de vida y habitabilidad son más que indudables; solo juegan criterios reglamentaritas e inmobiliarios. Se evidencia una ausencia de las ciencias de la vida y la sociedad, constituyendo asimismo en un nuevo incumplimiento de la Constitución de la ciudad, y con las leyes 71 y 2930. El código vigente, al igual que el criterio morfológico, adolece de otra carencia que no se supera en la difundida propuesta de Código Urbanístico: todos los tipos de Distrito de Zonificación, independiente de su localización concreta, se consideran iguales -un C3 en el Sur es igual que un C3 en el Norte o en zonas inundables-, en este caso el ancho y/o la función de una vía de tránsito determina la morfología edilicia en toda la ciudad.
La Ciudad no es una Maqueta (VI, iniciativa provisoria)
La crítica expuesta al formalismo minimalista, la concentración inmobiliaria, el crecimiento como formula macroeconómica que abriga a un planeamiento antisocial, inhabilitando los Lineamientos del Plan Urbano Ambiental es una de las claves por alcanzar una búsqueda compartida de una visión alternativa que evite una imposición ilegal así como para promover una versión superadora de la codificación vigente que sigue favoreciendo al espectro que tanto expulsa como fagocita al pasado, a las identidades barriales y a las tierras públicas.
Parafraseando a Alfred Korzybski, “La Ciudad no es una Maqueta”.
[1] http://www.perfil.com/politica/rodriguez-larreta-juega-su-futuro-politico-a-una-alianza-con-los-inversores-inmobiliarios.phtml
http://www.lanacion.com.ar/1936825-el-gobierno-promueve-nuevas-reglas-para-construir-en-la-ciudad
https://notas.org.ar/2016/11/30/primeras-novedades-reforma-codigo-urbanistico/
ReporteInmobiliario.com, 2003-2016, lunes 12 de diciembre de 2016
LA (RE) VERDE 