ANTECEDENTES Y APUNTES CONCEPTUALES PARA EL DISEÑO DE UNA LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS SOBRE EL SUELO: Quinta Entrega

Por: Marcelo Viñas

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LA DEGRADACIÓN EN EL LENGUAJE ECONÓMICO

La economía ambiental versus la economía ecológica

En los últimos años existe una creciente corriente que tiende a la evaluación y valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos o ambientales (ver por ejemplo Laterra et al., 2011). Aunque más adelante nos extenderemos en esto, conviene aclarar algunos conceptos básicos. Las diferentes nociones de sustentabilidad dieron lugar a dos corrientes principales, las llamadas sustentabilidad débil y sustentabilidad fuerte. Estos marcos teóricos corresponden a dos enfoques económicos divergentes, que han sido caracterizados como:

  • la economía ambiental, para la sustentabilidad débil,
  • la economía ecológica, para la sustentabilidad fuerte

Penna y Cristeche (2008) analizan las características de ambos enfoques. Para estos autores:

“La idea principal del enfoque de la economía ambiental consiste en que los problemas ambientales surgen de lo que se conoce como fallas de mercado. Es decir situaciones en las que el mercado no funciona como un asignador óptimo de recursos. La tarea del economista, por ende, radica en proporcionar análisis e instrumentos que permitan corregir tales desvíos. Este tipo de análisis apunta en la mayoría de los casos a la valoración directa o indirecta en términos monetarios.”

“La economía ecológica concibe al movimiento de toda la economía como parte del flujo de energía y materiales que se da en la naturaleza en su conjunto. Bajo este encuadre, los problemas ambientales se identifican como una inadecuación de ese mismo funcionamiento a las leyes ecológicas. En su versión más radical, se caracteriza a la economía en términos energéticos, es decir, imposible de medirla en precios”.

La economía ambiental, entonces, propone que todos los servicios ecosistémicos pueden y deben ser valorados económicamente. De esta manera, los valores del ecosistema pueden ser tratados por la economía clásica, a través de cuyo funcionamiento, ahora corregido, se logrará la conservación de su integridad.

La economía ecológica, en cambio, propone que es completamente imposible e innecesario valorar económicamente los servicios ecosistémicos, debido a que la economía debe dejar de basarse en operaciones de precios y redefinirse en términos energéticos. La economía debe reflejar la energía empleada en los procesos.

Otra diferencia entre ambas deriva del hecho de que la sustentabilidad débil busca mantener el capital total, entendiéndose por éste la suma del capital natural y del capital de origen humano. Para la sustentabilidad fuerte, no es posible suplantar el capital natural, y es éste el que debe mantenerse constante.

Si bien existen autores que postulan posiciones intermedias, podemos sugerir que los esfuerzos de la economía ambiental padecen del imperativo de hacer cuantificables en términos monetarios procesos ecológicos complejos, muchos de los cuales son todavía insuficientemente conocidos. Además, como suele sugerirse desde la economía ecológica, existen demasiados aspectos de los ecosistemas cuyo verdadero valor podría quedar anulado con sólo ponerle un precio (por ejemplo los relacionados con la belleza, la espiritualidad, la tradición, etc.).

Por otro lado, cuando en lugar de Capital Natural se emplea el concepto de Patrimonio Natural, se llega a una sustentabilidad súper fuerte (Gudynas, 2002). Esta postura, implica la conservación de la naturaleza con todos sus elementos y busca asegurar la permanencia de los procesos evolutivos, por encima de los beneficios que actualmente el ser humano obtiene de ella. Implica, por lo tanto, una visión eco-céntrica.

Provisoriamente, en este trabajo no nos extenderemos en esta posición, no por considerarla inadecuada, sino porque es apenas tratada en la literatura argentina.

Penna y Cristeche (2008), en referencia a la economía ambiental y a la ecológica, proponen una discusión acerca de la imposibilidad de lograr la sustentabilidad fuerte (y por ende la imposibilidad de aplicar criterios de la economía ecológica), en base a:

  • La dependencia de nuestra economía industrial de las materias primas.
  • Las especies y los ecosistemas están sujetos a procesos continuos de cambio natural que son acelerados en algunos casos e inhibidos en otros a partir de la intervención humana, pero al fin y al cabo los seres humanos también forman parte de la naturaleza.
  • Existe un problema de carácter legal y filosófico que responde a la posible contradicción que puede existir entre los derechos absolutos que se le adjudican a otras especies y otros tipos de derechos, como por ejemplo, los derechos de propiedad que están protegidos por las leyes y las costumbres (citando a Ayres et al, 1998).

Sin embargo, debemos observar que:

  • Por un lado, se considera a nuestra economía industrial como la única opción. Se supone a la economía industrial de las materias primas como una constante o invariable natural, de la cual dependemos, cuando en realidad es un proceso muy reciente y para muchos innecesario, y que es cuestionado como una fuente de genuina satisfacción de nuestras necesidades.
  • No se considera que las futuras generaciones humanas serán también víctimas del accionar actual antropocéntrico, tanto como las otras especies. Es decir, no hay derechos reconocibles en las próximas generaciones. (En cierto sentido se trata de tomar la tragedia de los bienes comunes como una cuestión irreversible).
  • No se reconoce, dentro del “cambio natural” los procesos de baja entropía como una regla de evolución sucesional, sino que al considerar al ser humano como parte de la naturaleza (dentro y dependiente de “su” economía industrial), se desnaturaliza la realidad ecológica que lo sostiene. Se considera al ser humano como especie, sin suponerlo sometido a las reglas ecológicas, con límites biofísicos, como las demás especies.
  • Por último, las contradicciones se producen cuando se confunden los niveles lógicos en un mensaje. Aquí se considera como de carácter legal y filosófico los derechos de propiedad individual protegidos por las leyes y las costumbres, cuando por un lado, hay sociedades que no los comparten, y por el otro, existen otras “legalidades”, como las ecológicas, que podríamos suponer de nivel “supra”, que no son consideradas en la discusión. Sin embargo, Zaffaroni (2012) discute en profundidad la nueva consideración, en las constituciones de Ecuador y Bolivia, de la naturaleza como sujeto de derecho, con lo cual podría establecerse un posible puente a partir del cual se disuelva la contradicción mencionada.

Los estudios que como ejemplo se mencionarán a continuación responden en su mayoría a una posición teórica basada en la economía ambiental, con su sustentabilidad débil, y sus “fallas” de mercado. De todas maneras, más allá del enfoque utilizado, los valores calculados son una ilustración, en términos económicos, de la degradación de los suelos.

Aunque no reflejan todos los aspectos involucrados en la degradación, las valoraciones económicas constituyen una descripción posible para dimensionar el estado de deterioro y las pérdidas continuas de calidad del suelo.

Valoración económica de la pérdida de nutrientes

Hace más de una década que se realizan estudios tendientes a valorar en términos económicos la pérdida de nutrientes de los suelos. Esto se ve facilitado porque existen precios de referencia en el mercado, a través de fertilizantes químicos, que pueden ser tomado como patrón del valor de los nutrientes exportados por las diferentes cosechas. Se calcula el costo de reponer, con fertilizantes sintéticos, los nutrientes perdidos. En la sección dedicada a degradación química se señalaron varios ejemplos, que no repetiremos aquí.

Como señalamos, la valoración económica indica que el aporte de nutrientes dado por el suelo puede representar entre un 15 y un 20 % del margen bruto, especialmente en el caso de la soja. Esto representa un subsidio equivalente que no es computado en los costos, y que en definitiva es entregado por el suelo al negocio. El tema es ¿quién se queda con este pasivo del negocio? ¿El estado? ¿La sociedad? ¿El sector productivo? ¿Las futuras generaciones?. Por otra parte, es fundamental aclarar que la noción de subsidio esconde también el hecho de que la pérdida de nutrientes es sólo uno de los aspectos relacionados con la degradación, y que esta última puede, en definitiva, acabar con la capacidad del suelo para recuperarse.

Es importante señalar algunas de las conclusiones obtenidas por distintos autores, para tratar de comprender la dinámica productiva que lleva a empobrecer los suelos de nutrientes. Flores y Sarandón (2002) por ejemplo, desde un enfoque más orientado por la economía ecológica, sostienen:

Esta situación permite corroborar que, a pesar del incremento en el uso de fertilizantes, el criterio de selección de las dosis a aplicar no se basó en el principio de mantener el capital natural sino en un análisis de las relaciones costo-beneficio económico de la práctica de fertilización. Esto está asociado a la visión de corto plazo que caracteriza a las decisiones técnicas tomadas en los planteos productivos y a la falta de asesoramiento profesional con una visión holística de los procesos que ocurren en el agroecosistema, circunstancia que ha impedido la clara visualización del problema de pérdida de fertilidad a largo plazo.

A su vez, los costos de la pérdida de nutrientes quedaron ocultos por el análisis económico, lo que incentivó la pérdida de nutrientes en la región. Esto pone de manifiesto el divorcio existente entre la racionalidad económica neoclásica adoptada para la elección de las alternativas productivas y la posibilidad de sustentar los sistemas agrícolas desde el punto de vista de la fertilidad del suelo. Este divorcio surge de la esencia del planteo económico convencional ya que el mismo parte del supuesto implícito de que la naturaleza es infinita y se autorreproduce.

Resulta evidente que, debido a sus limitaciones, el análisis costo beneficio no permitió la comparación racional entre los distintos modelos productivos, subvalorando los costos ecológicos de la agricultura continua y desconociendo, por el otro, los servicios ecológicos de los modelos alternativos.

Los autores van más allá, considerando que, aparte de la pérdida de nutrientes, tampoco se tuvieron en cuenta otros costos tales como la disminución en el contenido de materia orgánica, cambios en los valores de pH, pérdida de estructura, disminución de la infiltración de agua en el suelo, aumento en las tasas de erosión actual y potencial, aumento en el enmalezamiento de los campos, altos riesgos de contaminación por el uso de agroquímicos, aparición de formas resistentes de plagas, sedimentación en predios agrícolas y fuera de ellos, daños en la red caminera y otras obras de infraestructura, aumento del desempleo y éxodo rural. Más allá del esfuerzo en “dar un precio” a la pérdida de nutrientes, los autores concluyen que:

Tomando como referencia la pérdida de fertilidad del suelo en la Región Pampeana Argentina, el costo de reposición calculado no indica realmente el daño producido, dado que, aún cuando se contara con el dinero para reparar el problema generado, existe una clara imposibilidad física de restablecer la fertilidad del suelo a los niveles originales, al menos, en forma inmediata. Por lo tanto, este nuevo esquema económico, que al igual que el enfoque económico convencional, está basado en una única variable, el precio, permite sólo disimular los impactos distributivos negativos, sobre todo con relación a las futuras generaciones.

Manchado (2010) sostiene que el comportamiento de los agentes económicos que evalúan los beneficios sólo en el presente, incrementan la vulnerabilidad de los sistemas de producción, basados en el paulatino empobrecimiento de nutrientes del suelo. Pero la valoración del balance negativo de nutrientes es sólo un parámetro de la sustentabilidad. No se trata solamente de reponer lo perdido considerándolo una típica externalidad ambiental de la agricultura intensiva, sino de comprender el conflicto entre asignación y utilización del recurso suelo como condición de conseguir sistemas productivos que operen dentro de los límites biofísicos.

Por último, la pérdida de “capital natural” que representa la degradación física, química y biológica de los suelos, valorada normalmente a través del cálculo de la pérdida de nutrientes, cuestiona seriamente el concepto usualmente empleado de renta agraria ¿Qué clase de renta es la que se fundamenta en la pérdida de capital?

¿Subsidio ambiental o Plusvalía ambiental?

Las externalidades económicas no computadas por la economía basada en el precio son una forma de plusvalía. El deterioro ambiental que implica obtener un excedente económico es una plusvalía tomada del funcionamiento del ecosistema. Los nutrientes no repuestos al suelo, por ejemplo, mencionados anteriormente y valorados económicamente como subsidios en numerosos estudios, podrían ser devueltos al suelo vía fertilización química, pero esto no redundaría necesariamente en una recuperación de la materia orgánica o de la estructura del suelo o en una menor erosión, y estas posibilidades perdidas son una medida de la plusvalía ambiental. El suelo pierde información. El productor, y el estado, obtienen un beneficio económico extra a partir de esta plusvalía tomada del suelo. Pero esta plusvalía, que algunos podrían ver con escepticismo o incluso con desdén, es una medida de la entropía generada en el ambiente, y es también una medida de la incapacidad futura de ese ambiente de seguir sosteniendo las condiciones óptimas para la vida, especialmente la vida humana. Así podría continuarse el análisis con cada caso específico, ambiental o social, en el que la renta económica obtenida por un sector pequeño produce un perjuicio en el conjunto, a partir de la pérdida de resiliencia de los suelos, es decir, de la capacidad de recuperar su estado anterior. (Para establecer un paralelo, la plusvalía obtenida del trabajador lo mantiene en la pobreza y aumenta su vulnerabilidad, y la plusvalía obtenida del ecosistema lo degrada y reduce su resiliencia). Esto significa un deterioro creciente más allá de los parámetros valorados en términos económicos. Podemos calcular el aporte de nutrientes del suelo por cosecha vía exportación no compensada por fertilización. Pero no podemos calcular el valor de la tierra volada o arrastrada por las aguas, con su MO, sus nutrientes, su biodiversidad, sobre todo en función de la pérdida de la capacidad del ecosistema suelo de recuperar su vitalidad y auto-restaurarse. La información perdida no se recupera rápidamente, más aún considerando la naturaleza sucesional de evolución de un ecosistema.

Eficiencia energética versus eficiencia económica

Por otro lado, actualmente hay un aumento de los trabajos de investigación sobre la eficiencia de la agricultura, en especial con relación a la valoración económica de los servicios ecosistémicos (Economía ambiental, sustentabilidad débil).

En un estudio reciente Cabrini y Calcaterra (2009) calculan el costo ambiental en varios sistemas de producción del partido de Pergamino. Los autores estiman los costos y beneficios ambientales en base a tres indicadores: balance de nutrientes, balance de materia orgánica y erosión hídrica. La relación margen bruto/gastos directos, sin considerar costos y beneficios ambientales es de 0,7 para maíz, 1,7 para soja, 1,1 para trigo/soja, y 1 para ganadería. Calculando los costos y beneficios ambientales, los márgenes bajan a 0,5 para maíz, 0,8 para soja y 0,8 para trigo/soja y aumentan a 5,7 para ganadería. Finalmente, los autores esperan, quizá ingenuamente, una menor proporción de soja y un aumento de la ganadería en la región, en base a la concientización del nivel de costos ambientales entre los productores locales. (Esta esperanza choca fuertemente con lo sostenido por Hardin (1968), y que se discute más adelante, acerca de la imposibilidad práctica de que un aumento de la “conciencia” individual permita el uso racional de un recurso en un contexto en el que los vecinos no lo hacen). Es interesante destacar que los menores costos ambientales se detectaron en explotaciones de mayor superficie, con menor proporción de tierra alquilada y con responsables de mayor edad y mayor nivel de educación.

En otro estudio (Cabrini, Calcaterra y Lema, 2011) los autores calculan la eficiencia económica de la agricultura para los datos anteriores. Para esto, computan los costos ambientales junto a los gastos directos y los relacionan con el rendimiento y los ingresos. Así concluyen que la eficiencia económica de la producción de trigo, maíz y soja en Pergamino, es de un 85 %, un valor superior al calculado por otros autores en países en vías de desarrollo. La conclusión de los autores es que (si bien puede aumentarse todavía un 15 %) una eficiencia económica del 85 % es buena.

Analizando lo anterior, podemos creer que la eficiencia económica está diciendo algo bueno sobre el estado ambiental de los campos de Pergamino. Sin embargo, el primer trabajo indica que, más allá de la ecuación económica, los suelos se están deteriorando bajo planteos agrícolas: hay un balance negativo de nutrientes y de materia orgánica, y un aumento de la erosión hídrica, y esto ocurre tanto con labranza convencional como con siembra directa. Es difícil concebir que un proceso que genera pérdidas ambientales sea eficiente. Sin embargo, el reduccionismo económico lleva a este tipo de conclusiones paradojales: la pérdida de capital (suelo) resulta en eficiencia económica. Es evidente que el balance negativo de nutrientes y de materia orgánica y las pérdidas por erosión hídrica no significan lo mismo para la economía que para el ecosistema y la sociedad. Para la economía esto puede ser eficiente en términos monetarios y de productividad, mientras que para el suelo es un daño acumulativo que disminuye su capacidad de recuperarse en el futuro, lo cual tiene consecuencias sociales futuras poco auspiciosas.

Así analizada, la eficiencia económica parece no ser un buen modelo de lo que sucede en los sistemas agrícolas. La situación cambia cuando evaluamos la eficiencia energética. Bajo esta mirada, la relación entre eficiencia y productividad es radicalmente distinta.

Esencialmente, la eficiencia energética mide la cantidad de energía asimilada en los productos en relación a la cantidad de energía utilizada para obtener ese producto. Es decir no se focaliza en la cantidad de producto obtenido, sino en la calidad energética de todo el proceso.

Los estudios realizados hasta ahora indican que la agricultura industrial aumenta su productividad a expensas de una entrega muy alta de energía en la forma de combustibles, fertilizantes y agrotóxicos. Cuando se comparan estos gastos energéticos con la energía finalmente fijada en el producto, la eficiencia energética del sistema se reduce bastante, siendo en muchas ocasiones muy inferior a la eficiencia de una chacra clásica con diversidad de producciones y con aportes externos reducidos o nulos. Sin embargo, la alta productividad de la agricultura industrial no debe ser confundida con la sustentabilidad.

Aunque los actuales sistemas agrícolas industriales, basados en un alto nivel de aporte de insumos fósiles, son relativamente productivos, su sostenibilidad puede ser cuestionada dado que los ecosistemas agrícolas a nivel mundial están siendo degradados severamente por la erosión del suelo, la salinización y la contaminación del agua. Los recursos de energía fósil que son esenciales para la fabricación de fertilizantes, plaguicidas, así como para el funcionamiento de la maquinaria agrícola y para impulsar sistemas de riego, no son renovables. Las reservas de petróleo y gas natural se habrán agotado dentro de los próximos 35 a 40 años.” (Pimentel y Pimentel, 2001).

A menudo se argumenta que la agricultura ecológica, o natural, u orgánica es poco productiva, en el sentido de obtener bajas cantidades de producto. Sin embargo esta es otra creencia arraigada que no cuenta con apoyo empírico. Cuando uno computa todos los bienes obtenidos a partir de producciones agroecológicas, no sólo tienen una productividad equivalente a las producciones industriales, sino que logran esto conservando la salud del suelo, su resiliencia.

Los estudios clásicos de eficiencia energética son bastante complejos, y para ser precisos deben incluir, además de los gastos energéticos directos en combustible (energía fósil empleada en labores sobre la tierra, en fertilizantes, plaguicidas, irrigación, etc.), factores tales como la degradación de los suelos, la erosión, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, los problemas asociados a la disminución de mano de obra requerida, los costos de transporte, industrialización, distribución, el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, la amortización del combustible fósil que no podrá usarse en el futuro, etc., para luego comparar estos datos con la energía contenida en el producto final y en la biomasa devuelta al predio. Muchos trabajos clásicos en economía ecológica muestran que la eficiencia energética de la agricultura industrial es decreciente respecto de sistemas agrícolas naturales, incluso puede ser varias veces menor (Martínez Alier, 1998).

Sin embargo, algunos trabajos miden la eficiencia energética de distintas variantes de la agricultura industrial, simplificándola en términos de cantidad de biomasa producida por unidad de energía fósil empleada. Así, por ejemplo Frank (2010) mencionan que la eficiencia energética en el período 2001-05 (caracterizado por el empleo de siembra directa con semillas modificadas genéticamente y uso masivo de herbicidas), es mayor que en períodos anteriores, ya que “por cada Gj de energía fósil inyectada, se generó aproximadamente 1,5 Gj de energía productiva”, cuando antes la relación era aproximadamente 1:1. El autor aclara que los análisis se restringen a los consumos y producciones de energía que se realizan en el ámbito exclusivamente agropecuario, exceptuando otras fuentes de consumo de gran magnitud, como las industrias y el transporte. En el marco de la comparación entre la agricultura industrial convencional y la agricultura industrial moderna, los datos aportados por el autor señalan que efectivamente mejoró levemente la eficiencia energética dentro de los márgenes de su estudio. En gran parte esto se debe a que la siembra directa requiere un consumo menor de combustible fósil por tener menos labores agrícolas.

Sin embargo, debemos afirmar que restringir el cálculo de la eficiencia energética a los gastos en combustible fósil supone una simplificación en las ecuaciones, y una tendencia a incluir sólo aquello que tiene un precio asignado: en este caso combustible y producto. De esta manera, hay un deterioro del concepto de eficiencia energética en virtud de asimilarlo al de eficiencia económica.

Los estudios destinados a demostrar que la eficiencia energética de la agricultura industrial mejoró luego de la adopción de la siembra directa y su paquete tecnológico, parecen más preocupados por justificar el aumento de su eficiencia económica que por evaluar sus impactos reales. La creencia dogmática de que una tecnología nueva es intrínsecamente mejor, encuentra en estas publicaciones una justificación “científica” de tal tecnología, obtenida mediante modelos de simulación construidos dentro del dogma, por ejemplo, la siembra directa en planteos de altos insumos. De esta manera, lo que puede ser una buena práctica para reducir la erosión, mantener la humedad de determinados suelos y eventualmente no generar balances negativos de MO, pasa a ser considerada como una práctica que podría ser extendida masivamente por su eficiencia económica (sus menores costos), incluso hacia regiones que no deberían ser sometidas a planteos agrícolas extensivos. Lo que en primera instancia es una ventaja productiva por su manejo conservacionista, termina abriendo la puerta a situaciones de deterioro ambiental irreversible. La expansión agrícola del monocultivo de soja en el Chaco subhúmedo y semiárido, o en la región semiárida pampeana, es en parte posible gracias a la siembra directa y a su paquete tecnológico por los menores costos y la retención de humedad en el suelo. Sin embargo, aún con su aporte a la conservación de los suelos, la siembra directa no puede remediar la pérdida de cobertura, de materia orgánica y nutrientes, el inicio de procesos erosivos, y la pérdida de servicios ecosistémicos de estos ecosistemas de régimen semiárido sobre suelos de poca aptitud agrícola, sumando además la baja adopción de rotación de cultivos. Aquí, la ventaja competitiva económica de la siembra directa, en el sentido de requerir menos laboreo y por ende un consumo menor de combustible, pasa a ser un facilitador de la degradación ambiental y la desertificación.

El problema de establecer el criterio económico como único para evaluar sistemas productivos complejos, y el éxito relativo que se obtiene a nivel productivo (con buen clima y suelos nuevos), genera el hábito de creer que sólo lo económico es importante, mientras la integridad ecológica de los suelos se sigue deteriorando. La degradación del suelo, especialmente los mejores de la Argentina, puede estar enmascarada por varios factores: la resiliencia propia de esos suelos, el uso de cultivos con gran capacidad para la extracción de nutrientes, y los enormes aportes de energía al sistema (fertilizantes, herbicidas, insecticidas, riego, etc.). Al respecto, Urricariet y Lavado (1999) señalan que la fertilización puede enmascarar el deterioro de suelos en la Pampa Ondulada, especialmente en cuanto a la estabilidad estructural de los mismos. Asimismo sostienen que la erosión no es la única manifestación del deterioro de un suelo, sino que se la podría considerar como la etapa final del mismo. Por otra parte, los suelos sometidos a cultivos de alto valor, con agregado de un ato nivel de insumos (fertilizantes, riego, drenaje, etc.) pueden mantener sus funciones agrícolas sin mucho requerimiento de materia orgánica del suelo (Paul y Collins, 1998, citados por López Falcón, 2002), y esto es lo que se observa cada vez más como una práctica de rutina en la agricultura industrial, más allá de su evidente falta de consideración por la integridad ecológica del suelo.

De hecho, el aporte de energía fósil en el contexto de la agricultura industrial es tan elevado, que algunos autores señalan que en nuestro sistema alimentario moderno estamos “comiendo petróleo”. Las labores agríolas se hacen con petróleo, los fertilizantes y pesticidas son obtenidos del petróleo; la irrigación se hace con petróleo; los alimentos son transformados, empacados y transportados con petróleo desde el campo a la mesa. Sin combustibles fósiles, nuestro sistema de alimentos probablemente colapsaría. (Pfeiffer, 2008, citado por Kirschenmann, 2009). La pregunta es: ¿y cuando no haya petróleo?

Por otra parte, el criterio económico para medir la eficiencia, acompañado de éxitos productivos que enmascaran la degradación del suelo, puede funcionar porque las externalidades no son asumidas como costos. Como ya mencionamos, sólo el aporte de nutrientes del suelo puede representar hasta un 20 % del margen bruto. Si calculáramos otros costos esto podría incrementarse. Con un cálculo costo beneficio adecuado, la agricultura industrial pasaría a tener una rentabilidad equivalente a planteos agrícolas más naturales, de bajos insumos y definitivamente menos degradantes del suelo.

Mientras tanto, la agricultura industrial es el principal agente degradador de los suelos, amén de ser un sistema despilfarrador de energía y contaminante. La baja eficiencia energética de la agricultura industrial tiene también otros aspectos. En toda transformación de energía hay una parte que no puede ser recuperada en la forma de trabajo. Esta energía, conocida con el nombre de entropía, se disipa en forma de calor y también en forma de “desorden”. La entropía es una magnitud física que siempre aumenta, pero puede hacerlo lentamente o de manera más violenta. Los ecosistemas maduros tienden a minimizar la producción de entropía mediante un uso eficiente de la energía que fluye en ellos (Margalef, 1980). Los sistemas agrícolas integrados y diversificados tienen una producción de entropía mucho menor que la agricultura industrial. Un monocultivo dependiente del petróleo es un sistema de baja eficiencia energética y altamente entrópico. La entropía generada por esta agricultura se observa en los suelos degradados, en la pérdida de biodiversidad, en el calentamiento global, en la erosión, incluso en la degradación social. Como señala Wessels (2006):

“cada problema ambiental que hoy presenciamos es el resultado de la entropía dentro de la biosfera y cómo practiquemos la agricultura, en gran medida, determina ese escenario entrópico”.

Y continúa Kirschenmann (2009):

“La pérdida de la cubierta forestal natural o su reemplazo con monocultivos resulta en una simplificación del sistema: entropía. La transformación de montes semiáridos en desiertos merced a la sobre explotación resulta en una simplificación de los ecosistemas: entropía. La erosión de la capa arable resulta en la difusión de nutrientes: entropía. La eutrofización de ambientes acuáticos y marinos a partir de la difusión de nutrientes provoca una reducción de la diversidad biótica y una simplificación del ecosistema: entropía. La depleción de los pesqueros mundiales resulta en una simplificación del ecosistema: entropía. La pérdida de biodiversidad global resulta en una simplificación: entropía. El cambio climático mundial debido a la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera a partir de la quema de combustibles fósiles es un proceso de difusión de carbono: entropía”.

Podríamos decir que bueno, así son las cosas, y no hay problemas. Sin embargo, el problema se plantea en términos de futuro. Podemos decidir seguir haciendo esta agricultura entrópica, pero para eso necesitaremos más petróleo. Pero el petróleo (o para el caso el carbón y el gas natural) son no renovables, y sus reservas no son eternas. ¿Qué pasará con la agricultura en un contexto de petróleo escaso, o con un precio de 300 o 500 u$s el barril? Distintos estudios indican que ya alcanzamos el llamado “peak oil”, es decir el punto máximo de extracción de petróleo, y que en las próximas dos o tres décadas su escasez será notoria (Pimentel y Pimentel, 2001; PCI, 2009). Por otra parte, la degradación de los suelos inducida por la agricultura industrial puede alcanzar en ese lapso un estado irreversible. Al igual que el concepto de “peak oil”, algunos autores ya están hablando de un “peak soil”, es decir el punto de inflexión de la resiliencia de los suelos a nivel global, luego del cual espera una degradación creciente.

Por otra parte, la ilusión de encontrar “otras” energías que puedan suplir todo el consumo que el petróleo, el carbón y el gas natural sostienen en la actualidad es una creencia cuyas bases fueron desmentidas una y otra vez (Heinberg, 2009).

De continuar como estamos ahora, el escenario a futuro es una agricultura petróleo-dependiente que ya no tendrá petróleo, y cuyos suelos quizá no tengan la capacidad para recuperarse en términos de una o dos generaciones humanas. No parece muy razonable seguir apostando a la expansión de la agricultura industrial, sino comenzar a pensar seriamente en una transición hacia formas de agricultura con baja dependencia de insumos. La seguridad y soberanía alimentarias dependen de ello. En palabras de Kirschenmann (2009):

“Mientras que la industrialización de la agricultura ha sido bastante exitosa en alcanzar los limitados objetivos de maximizar la producción basada en el mercado, proveyendo ganancias económicas en el corto plazo, en su mayor parte lo ha hecho ignorando muchas de sus consecuencias últimas: la degradación de suelos y aguas y la pérdida del capital social (productores y comunidades rurales vibrantes). La agricultura industrial largamente ha ignorado la necesidad de una producción resiliente (flexible) así como una mirada de largo plazo sobre los beneficios económicos para toda la sociedad. En consecuencia ignoró la erosión del propio capital que permitió su éxito: energía barata, abundancia de agua dulce, clima estable, suelos sanos y comunidades rurales vigorosas. Puesto que dichos recursos son por completo interdependientes, es imperativo que tomemos en cuenta el impacto (costos) de su vasto agotamiento, así como la exploración de las posibilidades de desarrollar una nueva agricultura”.

EVALUACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS FASES DEL DESARROLLO

Brailovsky y Foguelman (1991) realizaron una extraordinaria contribución a la historia ambiental de la Argentina a través de su libro “Memoria Verde”. Allí evalúan las modalidades de uso de los recursos naturales, las consecuencias ecológicas, la calidad de vida y el uso del espacio, en función de las fases de desarrollo de la historia de nuestro país (colonial, primeros años de vida independiente, división internacional del trabajo, sustitución de exportaciones y modernización periférica). Para estos autores, cada etapa de organización define un modelo de país diferente al de otras, y por ende, también difiere la relación sociedad-naturaleza.

Independientemente de esto, hay factores comunes en la tipificación de la relación sociedad naturaleza:

  • aceptación de criterios de rentabilidad de corto plazo
  • inadecuada distribución geográfica de la población y las actividades
  • adopción de pautas de consumo deteriorantes
  • unidireccionalidad del desarrollo tecnológico
  • grandes desigualdades en la cobertura de servicios
  • respuesta tardía de los organismos de gestión
  • limitaciones de los organismos de control ambiental

Es interesante destacar que estos autores señalan “la falsedad de afirmar que los problemas ecológicos son proporcionales al grado de desarrollo de un país, algo así como el “precio del progreso””. Por el contrario, todo parece indicar que los problemas ambientales argentinos “son más bien el costo del atraso”: carencia de recursos para investigación, falta de presupuesto y poder político de organismos de control, la improvisación, ocultamiento de información pública, predominancia de criterios extractivos sobre criterios de manejo para uso sostenible, entre otros, son signos específicos de subdesarrollo.

Entre otras consideraciones estos autores señalan que en el futuro “es previsible que se intente generalizar la destrucción de la naturaleza en nombre de una ilusión productivista. Sin embargo, es difícil que la opinión pública considere que los resultados económicos obtenidos justifican los deterioros realizados”. Hasta ahora lamentablemente, a 20 años de la publicación de Memoria Verde, las pautas generales de uso del suelo parecen indicar lo contrario.

Creemos que lo que sucede con las interpretaciones predominantes sobre nuestro modo de actuar en el medio ambiente están demasiado impregnadas de sociología, y muy poco de ecología. Brailovsky y Foguelman lo advierten: “en la actualidad, las ciencias sociales han olvidado la ecología, y cuando la encuentran, no saben qué hacer con ella”. El determinismo político-económico que distintas variantes del pensamiento nacional despliegan al referirse a los problemas ecológicos, indica un desconocimiento básico de los modos de funcionar ecosistémicos, además de ignorar completamente la naturaleza biofísica de los límites a los que nos enfrentamos como sociedad. Todo es evaluado en función de una u otra teoría socioeconómica, y la solemnidad de las posturas intelectuales tanto de la derecha como de la izquierda parecen minimizar la importancia de pertenecer a un entorno ecosistémico. Más aún, existe una tendencia a sospechar de aquellos que anteponen el ambiente a la sociedad, como si la sociedad no estuviera en el ambiente. La vara de la teoría económica en boga define lo importante en relación al suelo, su distribución y su producción, sin cuestionar los presupuestos epistemológicos básicos, como si ser políticamente correcto en una u otra dirección reduzca mágicamente la erosión, la pérdida de materia orgánica, el balance negativo de nutrientes, la compactación o la desertificación. Por esto, más allá de rescatar el excelente análisis histórico reflejado en “Memoria Verde”, en la mayor parte de este trabajo no haremos referencia a las fases del desarrollo como eje central para describir la tragedia de los suelos argentinos.

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