Carlos Merenson

En nuestro país los debates sobre la cuestión económica y social, raramente se vinculan al ininterrumpido saqueo de los sistemas ecológicos y sus desastrosas consecuencias; a las inequívocas señales de deterioro de nuestros ecosistemas; nada se dice sobre la necesidad de proteger el patrimonio natural y ambiental de nuestra patria pese a que constituye nuestra heredad natural y su destino hace al destino de nuestro país.

Aun discrepando sobre sus causas, la sociedad y sus dirigentes tienen cabal conciencia de la crisis socioeconómica en la que nos encontramos pero están muy lejos de advertir que se está produciendo una peligrosa convergencia de la crisis socioeconómica con las cada vez más evidentes consecuencias de las crisis climática, biosférica y del modelo energético fosilista. De esta manera se afianzan las condiciones para una inédita, urgente e indispensable transición ecosocial y es en tal escenario que debemos advertir que, además de luchar por construir una patria socialmente justa, económicamente independiente y políticamente soberana, resulta también indispensable luchar por una patria ecológicamente prudente, todas ellas condiciones básicas para encaminar el proceso de transición ecosocial hacia una sociedad convivencial y sostenible, hacia una sociedad basada en los principios de justicia social, democracia participativa, no-violencia, respeto por la diversidad, sabiduría ecológica y sostenibilidad.

Frente a los problemas ambientales, sociales o económicos las políticas públicas responden en forma reactiva, tratándolos como casos aislados, poniendo parches a una realidad que cada día resulta mucho menos deseable, con altas y persistentes tasas de desempleo, aumento de la brecha entre ricos y pobres, crisis ambientales, y cada vez peores y más frecuentes crisis financieras, todo lo cual se traduce en profundos niveles de angustia para los individuos, las familias y las comunidades.

Tenemos que ser capaces de romper la generalizada creencia sobre la no existencia de alternativas al actual estado de cosas, tenemos que ser capaces de liberar un verdadero combate cultural promoviendo otra visión, convencidos de que es posible vivir de otra manera, y que esta otra manera puede ser más satisfactoria que la actualmente dominante.

Es en tal contexto que se requiere de una institucionalidad a nivel nacional capaz de dinamizar el urgente y necesario proceso de cambio, diseñando e impulsando un nuevo modelo de desarrollo acorde a las realidades biofísicas, socio-culturales e históricas del país, un ECODESARROLLO en el que la producción, el consumo, la organización y desarrollo tecnológico puedan satisfacer las necesidades esenciales, racionando el consumo de recursos naturales y disminuyendo al mínimo posible la contaminación ambiental; un ecodesarrollo orientado por el principio de la justicia social, en armonía con la naturaleza y no en una guerra contra ella, un ecodesarrollo humanista en el que la ciencia y la técnica se reorienten dentro de los criterios ecológicos que garantizan la reproducción del capital natural, dejando de estar al servicio de una lógica de infinita acumulación del capital económico, que nunca derrama, aliena, destruye la naturaleza y envenena el ambiente. Un ecodesarrollo basado en economías más locales, centradas en las comunidades y con un poder político que esté realmente más cercano a la población.

Es en el ecodesarrollo que cobran relevancia cuatro ineludibles procesos de transición: energética, agroalimentaria, productiva y ecológica, y es este interrelacionado conjunto de políticas públicas el que nos lleva a proponer la creación de un MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOSOCIAL capaz de transformar en hechos las políticas que se impulsen desde el gobierno nacional destinadas a construir una patria socialmente justa, económicamente independiente, políticamente soberana y ecológicamente prudente, de tal manera de garantizar que el proceso de transición ecosocial nos conduzca –efectivamente- hacia una sociedad convivencial y sostenible.