Carlos Merenson

Nadie, con algún grado de responsabilidad pública, nacionales o provinciales, ningún productor rural o empresario de la región, debería sorprenderse frente a los trágicos incendios que se están desarrollando en la provincia de Corrientes. Los especialistas en la materia llevan -al menos- tres décadas advirtiendo sobre los riesgos y amenazas del cambio climático global y sobre el peligro que representan modelos de producción caracterizados por su insostenibilidad sin que dichas advertencias hayan sido -mínimamente- tenidas en cuenta. Y es así como hoy los medios de comunicación transmiten a la opinión pública, con toda crudeza, el impacto del poder destructivo de incendios rurales y forestales de alta intensidad fuera de control.

Como sorprendernos de lo que está ocurriendo en un escenario en el cual se ha incentivado por todos los medios el avance de la frontera agrícola y la urbanización descontrolada sobre los ecosistemas naturales; donde la conversión de áreas forestales mediante el empleo del fuego o de quemas de rastrojos, pastos o pajonales se ha multiplicado sin control; un escenarios de conflictos vinculados al uso del suelo; un escenario en el que se han introducido especies exóticas, próximas e incluso dentro de las masas forestales nativas, aportando grandes cargas de combustible, transformando regiones de nuestra geografía en verdaderos polvorines.

En materia de manejo del fuego, nuestro país registra antecedentes de organización que se remontan a la Ley 13.273 y que tuvieron importante desarrollo en la década de 1970 en el ex Instituto Forestal Nacional. Desde aquellos días y hasta el presente mucha agua ha corrido bajo el puente y para nadie vinculado a la actividad le resulta novedad alguna todo lo que se debería hacer para la prevención y lucha (mitigar la probabilidad de ocurrencia; gestión global del combustible; modelos causales de los incendios forestales; planificación de la prevención; capacidades operativas y de organización, primer nivel de intervención; acceso a las nuevas tecnologías; formación de personal; etc, etc). Quizás habría que preguntarse cual es la razón por la cual, los decisores, aun sabiendo lo que hay que hacer, se comportan como si no lo supieran en absoluto.

No obstante lo anterior quiero reiterar una cuestión expuesta en La (Re) Verde en un artículo publicado en 2015 que ha permanecido absolutamente ignorada pese a haberse transformado en una pieza fundamental para enfrentar, con algún grado de probabilidad de éxito, las amenazas presentes y futuras que representan los escenarios que vinculan cambio climático; modelos de producción y la ocurrencia de grandes incendios rurales y forestales. Me refiero a la necesidad y urgencia de planificar e institucionalizar la participación del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas en el sistema federal de manejo del fuego.

Cuando hablamos de situaciones graves -si bien la que afrontamos en Corrientes lo es- debemos prepararnos para situaciones aún peores. Un anticipo lo tuvimos en Australia en 2009, Rusia en 2010 y en los EE.UU. en 2015.

En tales escenarios los ataques ampliados (terrestres y aéreos) a cargo del Gobierno Nacional exigen contar con una adecuada reserva estratégica de equipos y materiales, como así también de brigadas de combate especiales donde, además de la brigada propia del Servicio Nacional y del apoyo de las fuerzas de seguridad, participen activa, planificada e institucionalizadamente las Fuerzas Armadas, participación que no ha sido debidamente contemplada por la Ley 26.815 ni por el Decreto 706/2020.

En la dirección indicada, una de las acciones que deben ser evaluadas es la creación, en la Fuerza Aérea, de una brigada que, a manera del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire de España, tenga por misión colaborar en la extinción de incendios forestales y entrenar a los pilotos de la fuerza. 

Completando el cuadro de tareas urgentes resulta necesario tipificar en el Código Penal los delitos ambientales, particularmente aquellos vinculados con los incendios en bosques, arbustales o pastizales.

Finalmente, y tal como fuera ya dicho en 2015, estos análisis y propuestas resultan coyunturales para enfrentar los incendios forestales y de pastizales que crecientemente amenazaran nuestros ecosistemas, y ello no debe hacernos ignorar que su ocurrencia es el resultado de la insostenible cultura productivista y sus modelos de producción y consumo y que una solución de fondo solo se producirá, si somos capaces de dejar atrás la insostenibilidad que caracteriza nuestro proceso de desarrollo.