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En los setenta años transcurridos entre ambas etapas agro-exportadoras, se diferenciaron dos períodos en la evolución de nuestro proceso de desarrollo: de 1930 a 1976, conocido como periodo de “sustitución de importaciones” y de 1976 a 2001, conocido como periodo de “apertura económica con hegemonía financiera”.
En la década de 1930, al entrar en crisis el modelo agro-exportador dominante, surgió una bien fundada preocupación por las masas forestales nativas. Las estimaciones de las áreas forestales remanentes[1] indicaban una preocupante merma de la superficie leñosa, ocurrida por el incesante avance de la frontera agrícola y la explotación forestal insostenible de las décadas pasadas, caracterizadas por el más absoluto desapego al cumplimiento de la escasa normativa vigente.
La preocupación por las masas forestales nativas, vinculándolas con la cuestión ambiental, que se registraba por esos años en Argentina, encontraba antecedentes a nivel internacional, en el Movimiento Conservacionista Americano (1890-1920), movimiento que fuera fuertemente influenciado por George Perkins Marsh (1801-1882), quien postulaba que la apariencia física de la Tierra no era solo resultado de las acciones de la naturaleza sino que en forma creciente lo eran los impactos humanos sobre su entorno[2], llamando la atención sobre los graves peligros que acarreaba la tala indiscriminada de los bosques. En la década de 1890, el pensamiento de Marsh llevó en EE.UU. a la creación de la Comisión Forestal encargada de administrar el sistema nacional de bosques.
Tocó al Presidente Theodore Roosevelt llevar a la práctica muchos de los postulados de una pléyade de americanos[3] que desde diferentes disciplinas e inmersos en el debate entre conservacionismo y preservacionismo, venían insistiendo sobre la necesaria acción estatal para frenar y revertir el creciente deterioro de los recursos naturales. Con el acento puesto sobre la necesidad de alcanzar una administración científica de los recursos naturales, Roosevelt estableció controles estatales sobre los recursos forestales, minerales e hídricos del país. Su estrecho colaborador, Gifford Pinchot encabezó el Servicio Forestal, organismo desde el cual lideró el movimiento conservacionista americano, hasta su destitución acaecida en 1909, momento a partir del cual, la temática conservacionista fue dejando de ocupar un sitio importante en la agenda política estadounidense.
Con dos décadas de diferencia, llegó a nuestro país el interés por la conservación de la naturaleza. En 1932 se creó dentro de la Dirección General de Tierras, la Sección Técnica de Bosques, que bien puede ser considerada como el punto de partida de las actividades forestales con control específico. Esta Sección, realizó los primeros trabajos de relevamiento y ordenación, de los cuales surgieron los fundamentos para crear entes reguladores y asesores sobre diferentes ramas de la producción vinculadas a los bosques, tales como la Comisión Nacional de Extracto de Quebracho (1933), la Junta Nacional de Yerba Mate (1933), la Comisión Consultiva Nacional de Bosques (1936) y la Comisión Nacional del Carbón Vegetal (1937)[4]. Tal era la preocupación por el efectivo cumplimiento de la normativa, que en 1935 se creó la Policía Forestal.
Un hecho destacable resultó el informe de la Comisión Consultiva Nacional de Bosques, que se tradujo en el Decreto 4134 (1938) que estableció la prohibición de la explotación del Ciprés durante 20 años y la del Quebracho por 10 años, fijó límites de extracción, impuso aforos, como así también incorporó la clasificación de las maderas. Los fundamentos del informe fueron: máxima defensa y conservación de los bosques, mejora de los servicios administrativos (facilitando la extracción de maderas), protección de especies madereras con potencial comercial a futuro y promoción de la explotación de bosques privados.
En 1939 se creó la División Forestal que posteriormente se transformó en Dirección Forestal (1943), etapa en la cual se establecieron las primeras estaciones experimentales, se realizaron esfuerzos por frenar la tala indiscriminada y se hicieron los primeros intentos en materia de lucha contra incendios forestales.
Fue en 1948 que se registró un hito fundamental en la trayectoria legal e institucional forestal. En ese año se promulgó la Ley 13.273 de Defensa de la Riqueza Forestal[5], mediante la cual se creó la Administración Nacional de Bosques (ANB) como organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, luego Servicio Forestal Nacional[6]. La Ley también creó un órgano asesor: la Comisión Nacional de Bosques, del que participaban las Provincias y la actividad privada. El enfoque de la época, eminentemente productivista, no dejó espacio a los aspectos ambientales, tal como hoy son visualizados, pero la legislación adoptada resultó visionaria en la materia. Prueba de ello fueron los debates parlamentarios que llevaron a su promulgación. A manera de ejemplo valen las intervenciones de los diputados Eduardo Antonio Raña y Ricardo Aráoz, registradas el 16 de Septiembre de 1947, durante la 36ta. Reunión – Sesión Extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados, bajo la Presidencia del Dr. Ricardo Guardo y que quedaron contenidas en el Despacho de la Comisión de Legislación Agraria[7].
Si bien la Ley 13.273 nunca fue reglamentada respetando el carácter sistémico de la misma, en 1949 y mediante los Decretos 12.380 y 31.166 se la reglamentó parcialmente, definiendo las normas básicas a las que se debían ajustar los planes de aprovechamiento de los bosques y los trabajos de forestación y reforestación. Con esta legislación se introdujeron los conceptos de aprovechamiento racional de la riqueza forestal, próximos a lo que hoy conocemos como aprovechamiento sostenible. La importancia inicial asignada a la Administración Nacional de Bosques quedó reflejada en los 1312 agentes (105 profesionales, 594 administrativos y 613 obreros) que la llegaron a integrar.
Durante este período de transición entre las dos etapas agro exportadoras y pese a contar con una legislación avanzada y una institucionalidad bien desarrollada, se siguieron registrando episodios significativos en materia de degradación y pérdida de las masas forestales nativas, como los experimentados a partir de la década de 1970, en pleno tránsito entre la “sustitución de importaciones” y la “apertura económica con hegemonía financiera”. Por esos años, se instaló una cultura forestal en Argentina que postulaba verdaderos axiomas tales como: que la actividad y actitud conservacionista respecto de las masas forestales nativas, solo podía admitir una estrategia basada en áreas protegidas de aquello que aún podía protegerse, que la ordenación de las masas forestales nativas no resultaba económicamente rentable y que biológicamente, no se tenía base científica suficiente como para encararla y que las masas forestales nativas, mayoritariamente degradadas, solo admitían su conversión por actividades económicamente rentables, como las agroganaderas.
Económicamente, las masas forestales nativas fueron conceptuadas como tierras de baja productividad, tal como las clasificara la hoy derogada ley 22.211 y se llegó inclusive a subsidiar la forestación incluyendo los costos de desmonte de masas forestales nativas a través de la hoy también derogada ley 21.695.
El proceso descripto, no fue negativo por la actividad que privilegió: la promoción de forestaciones industriales, sino por lo que omitió, por lo que quedó relegado, por la instalación de una confusión generalizada sobre la imagen de lo forestal y su particular universo. Se impuso una concepción agriculturizante, que en una verdadera simplificación de la realidad, asumió la actividad forestal como netamente productiva, como una producción agrícola más, como actividad complementaria de la agroganadería, como producción no tradicional, como un subproducto de nuestro agro.
Esta concepción se hizo presente en Misiones, a partir del inicio de las políticas de promoción a la forestación. Empleando especies de fibra larga de rápido crecimiento, la superficie plantada de 600 hectáreas en 1948 creció hasta las 180.000 hectáreas en 1980 y 254.285 hectáreas a fines de 1998.
En la etapa de transición bajo análisis, la producción forestal en Misiones se centró en los aserraderos e industrias como las del debobinado y faqueado, que lideraron la producción, llegando a la industrialización a gran escala en la década de 1950 con los proyectos industriales celulósico papeleros. Los mismos serán responsables de instalar una fuerte demanda por especies de fibra larga, que a partir de las décadas siguientes se irá cubriendo en base a forestaciones con especies exóticas de rápido crecimiento. A toda esa actividad forestal y como ya dijéramos, se sumó la explotación de los yerbales naturales, que una vez extinguidos, dieron paso a los cultivos de yerba mate, seguidos por los cultivos de tung y té.
La corriente forestadora no solo se limitó al territorio de la provincia de Misiones sino que en menor escala se desarrolló también en otras provincias del país.
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NOTAS
[1] En 1917 se autoriza al Ministerio de Agricultura prepare un mapa agronómico, forestal y meteorológico. El resultado de los trabajos realizados nos brinda la primera estimación del área cubierta por bosques en el territorio argentino. En 1926 se dispone que el Ministerio de Agricultura realice un censo de frutales y forestales en todo el país.
[2] “Man and Nature; or Physical Geography as Modified by Human Action” (1864).
[3] Escritores como Henry David Thoreau (1817-62), Clarence King, John Burroughs y Thomas Starr King. El fotógrafo William Henry Jackson (1843-1942), el pintor Albert Bierstadt, Frederik Law Olmsted (1822-1903), John Muir (1838-1914) quizá el más famoso ambientalista de Estados Unidos y el geólogo John Wesley Powell (1834-1902).
[4] Alejandra Bunge, Una Nueva Argentina, Ed. G. Kraft Ltda., Buenas Aires. 1940, pp. 271-273.
[5] Por decreto 29.937 del 30 de septiembre de 1948 se promulga la ley 13.273 que consta de 11 capítulos y 87 artículos.
[6] En 1973 se promulgó la Ley 20.531 modificatoria de la 13.273 por la que se creó el Instituto Forestal Nacional (IFONA) que al igual que sus antecesores tomó competencia en todos los temas vinculados al universo forestal.
[7] Decía el Diputado Raña: “Es incontrovertible, en el aspecto forestal, que la legislación debe ser orientada en un sentido superior al interés individual; en efecto, la legislación forestal comparada, demuestra en los países más adelantados del mundo, que el criterio moderno sobre el derecho de propiedad no resulta tan estricto y que por el contrario, cada vez va siendo más cercenado, cuando se persigue una finalidad de bienestar social. Tal criterio se aplica en países de antagónicos regímenes políticos. Anteriormente, casi siempre se legisló para los bosques fiscales nacionales. Ahora se hace para todos los del país, sean fiscales o privados y cuando razones de interés público determinen la impostergable injerencia del Estado para remediar situaciones anómalas. Constituimos una Nación sin conciencia forestal y se podría argüir que muchos de los males que nos aquejan son consecuencia de esa deficiencia, que podríamos llamar, de carácter social. Por regla general en el país se destruyen los bosques naturales, y así se procede porque se considera que el bosque constituye una barrera para el avance de los cultivos y un obstáculo para el libre pastoreo de la hacienda. Y todo eso ocurre porque no se comprende el irremediable perjuicio que se causa tanto a la generación presente como a las futuras con esa práctica destructora y sin contralor, por lo que de continuar así existe el peligro de que se siga mirando al bosque como un irreconciliable enemigo. Se puede comprender y hasta perdonar esta situación en cierto modo en el hombre de campo; sin duda, nadie lo ha encaminado por la buena senda ni enseñado a sentir amor por el árbol; pero lo que resulta imposible de comprender, es la apatía por los problemas del bosque han tenido las autoridades legislativas y ejecutivas que nos han precedido.”
El Diputado Aráoz mencionaba: “La necesidad de dictar normas protectoras de nuestros bosques es evidente. El viajero que recorre el Norte del país de Este a Oeste, puede constatar que sus bosques, otrora valiosísimos, han sido sometidos a explotaciones inconsultas, y que varias especies arbóreas han desaparecido o poco menos. Es preciso que cada habitante recuerde el peligro de la deforestación, que recuerde el crimen de la explotación inconsulta. Que cada habitante sea respetuoso y consciente defensor del árbol; que vuelque hacia este ser viviente un gran amor, que no hará otra cosa que cumplir en parte nuestra gran deuda de gratitud. Sólo con gran amor salvaremos al bosque; sólo con sacrificios económicos en el presente aumentaremos su riqueza futura; sólo con intenso trabajo y educación lograremos su defensa. No podemos continuar indiferentes ante la evidente destrucción de la riqueza forestal. No es un peligro lo que nos acecha; no es que vamos a prevenirnos. ¡No! Desgraciadamente, la destrucción de nuestros bosques es una realidad y mucho trabajo y dinero costará al país rehabilitarlos. Puedo afirmar, de acuerdo a algunas estadísticas incompletas que existen, que en ochenta años de sistemática destrucción –no digo explotación- nuestros bosques de valor han quedado reducidos a una cuarta parte. El quebracho es un índice de este crimen. Hasta la fecha, se han controlado más de 29.000.000 de árboles cortados, y se calcula que de seguir en este plan, esa especie arbórea se habrá agotado en veinte años más. Lo mismo puede decirse del algarrobo, el urunday, el cedro, el roble, el lapacho, el cebil, la tipa, el guayaibi, el nogal, el palo santo y todas las maderas nobles del país.”
LA (RE) VERDE 